El Departamento de Defensa de Estados
Unidos, el Pentágono, está delegando su lucha contra el narcotráfico a través
de contratos multimillonarios con empresas privadas que se encargan de prestar
asesoría, capacitación y realizar operativos en países productores de drogas y
con vínculos al llamado "narcoterrorismo", incluyendo América Latina.
El
gobierno se desentiende así del trabajo "sucio" que acarrean los
diferentes aspectos del combate contra las drogas para dejarlo en manos de
compañías con ánimo de lucro que emplean mercenarios y cuyas tácticas están
libres del escrutinio público y político, dicen sus críticos.
El Pentágono dice que es parte de su
estrategia para garantizar la seguridad del país y que se realiza legalmente y
siguiendo estrictos parámetros.
Según
los analistas, sin embargo, ésta se ha convertido en la tendencia del futuro, a
medida que la responsabilidad de la seguridad pública y nacional pasa de ser un
deber del Estado a ser un negocio de la empresa privada.
"Apoyo administrativo"
No
se trata de una actividad encubierta. La sección de prensa del Pentágono
confirmó a la BBC
que, en 1995, se estableció la
Oficina de Programas de Tecnología Contra el Narcoterrorismo
(CNTPO, por sus siglas en inglés) cuya última instancia es el subsecretario de
Defensa para Antinarcóticos y Amenazas Globales.
Según
el comunicado del Pentágono, la
CNTPO provee "apoyo administrativo de programas en una
amplia gama de actividades de antinarcóticos del Departamento de Defensa".
Este
"apoyo administrativo" es básicamente la identificación y
subcontratación de grandes compañías especializadas en seguridad y
reclutamiento de personal élite armado que entran a operar en terceros países
independientemente.
"Desde
el 11-S y los conflictos en Irak y Afganistán se ha incrementado la necesidad
de adquirir estos servicios", dijo a BBC Mundo el teniente coronel James
Gregory, encargado de prensa.
"Desde Septiembre 11 y los conflictos en Iraq y
Afganistán se ha incrementado la necesidad de adquirir estos servicios"
Teniente
Coronel James Gregory, encargado de prensa del Pentágono
Según
el portavoz, son contratos múltiples, de tiempo y entrega indefinida, que se
otorgan cada cinco años. La próxima ronda de comisiones será en agosto de 2012.
Hasta
ahora, los mayores contratos han sido entregados a las empresas Lockheed
Martin, Northrop Grumman, Reytheon, ARINC y U.S. Training Center (una
subsidiaria de Blackwater), informó el alto oficial.
Recortes
La
práctica se arraigó hace una década durante el gobierno de George W. Bush, que
utilizó numerosos contratistas -mercenarios, dirían algunos- en las guerras de
Irak y Afganistán.
Barack
Obama ha continuado con la misma política y, en este momento, por ejemplo, la
seguridad del personal diplomático en Afganistán depende en gran parte de
empresas privadas de seguridad.
Una
de las razones por las cuales el Pentágono está intentando privatizar varios
aspectos de sus actividades tiene que ver con el presupuesto nacional que no ha
podido resolverse por disputas partidistas entre el congreso y el ejecutivo.
"Se
habla constantemente de que el Pentágono está en la mira de los recortes
presupuestarios", dijo Larry Birns, director del Consejo para Asuntos
Hemisféricos (COHA), un centro de investigación de tendencia izquierdista en
Washington.
"De una manera subrepticia quieren reducir el
presupuesto de la lucha antidrogas transfiréndola a las agencias privadas"
Larry
Birns, director del Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, COHA
"Para
el congreso, los recortes en el área de la lucha antidrogas serán obligatorios
si el presidente espera equilibrar su propuesta de impuestos y la adjudicación
de fondos".
Según
Birns, la guerra contra el narcotráfico es impopular y no tiene peso político
salvo en un año electoral como éste, así que el Departamento de Defensa quiere
borrar ese gasto de sus cuentas.
"De
una manera subrepticia quieren reducir el presupuesto de la lucha antidrogas
transfiriéndola a las agencias privadas", expresó el analista.
Contratos "no específicos"
Los
contratos para las empresas privadas son jugosos, la CNTPO cuenta con un
presupuesto de US$15.000 millones, según lo confirmó el teniente coronel James
Gregory.
No
obstante, el Pentágono se ahorra tener que involucrar toda su burocracia y
jerarquía militar en programas de entrenamiento, asesoría y operativos.
Mientras, obvia el detalle de cada uno de los costos en contratos muy
generalizados que no pasan por procesos de licitación.
"No
son como el contrato para construir una casa de tales y tales
dimensiones", dijo Bruce Bagley, jefe del departamento de Estudios
Internacionales de la
Universidad de Miami y experto en el tema del narcotráfico
mundial.
"Los
llaman contratos no específicos", explicó a la BBC. "Tienen el derecho
de realizar tal tipo de operativos, entrar estos equipos al país y se les paga
tanto. Y, de paso, como subcontratistas, ellos reclutan al personal y, si
alguno de sus empleados muere, ellos son los responsables".
Al
delegar la actividad en una compañía privada, el gobierno evita involucrar sus
fuerzas armadas y su infraestructura. Más significativo aún, se mantiene al
margen en caso de cualquier percance.
"El
alto costo político", manifiesta Bagley, es el motivo principal para
privatizar la guerra contra el narcotráfico.
"Aquí entramos en un área imprecisa, donde las
normas de combate no son claras y hay casi cero responsabilidad para con el
público o el electorado"
Bruce
Bagley, Departamento de Estudios Internacionales, Universidad de Miami
"Aquí
entramos en un área imprecisa, donde las normas de combate no son claras y hay
casi cero responsabilidad para con el público o el electorado", afirmó el
académico.
"Unos
pocos miembros de los Comités de Supervisión del Senado y la Cámara están al tanto, pero
ellos tienen la obligación de guardar secreto, así que todo esto vuela bajo el
radar".
Soberanía
En
América Latina, el trabajo de los contratistas se concentra en "países
clave de producción y tránsito de drogas", dice la oficina de prensa del
Pentágono.
El
mayor de los "esfuerzos", como lo llama el Departamento de Defensa,
sucede en Colombia, pero también informa que hay asistencia en otros países
andinos, Centroamérica, el Caribe y México.
"El Plan Mérida destina US$1.000 millones
a México para asistir en la lucha antinarcóticos", señaló Larry Birns de
COHA, "aunque los mexicanos son muy estrictos en no dejar personal armado
extranjero operar en su territorio".
El
Pentágono no es muy específico con respecto a la extensión de la participación
de los contratistas por razones, explica, de seguridad. Pero afirma que estos
actúan en conjunto con las autoridades locales, "incluyendo en zonas de
combate" aunque "no participan en redadas o arrestos".
Sin
embargo, hay serias implicaciones con respecto a los países donde estarían las
empresas privadas.
Aunque
es posible que ciertas élites políticas en estos países estén al tanto de sus
actividades e, inclusive, las hayan invitado, hay una potencial violación de la
soberanía nacional que podría generar una reacción nacionalista si el público
llegara a percatarse de la situación, comentó el profesor Bruce Bagley.
Además
"estamos reconociendo, en efecto, que las instituciones en los cuerpos de
seguridad en estos países son tan deficientes que los estamos reemplazando con
mercenarios a sueldo", añadió.
Las
autoridades militares aseguran que los contratistas están sujetos a las mismas
leyes vigentes en EE.UU. y los países donde operan, pero Bruce Bagley insiste
en que podría haber un coletazo si ocurrieran imprevistos que impliquen
violaciones al derecho humanitario y se vincule a Estados Unidos con esta
actividad. No obstante reconoció que "ésta es la ola del futuro".
"Estamos
frente a unas unidades más pequeñas, más eficientes, más capacitadas que pueden
hacer el trabajo sucio que a las fuerzas militares de Estados Unidos no se les
permite ni se les exhorta a hacer", concluyó.